Juez otorga seis meses más a Javier Duarte para reunir pruebas

El juez Gerardo Moreno concedió a la defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, una prórroga de seis meses para realizar investigaciones que les favorezcan; al mismo tiempo dio una oportunidad a la Procuraduría General de la República para que en este mismo lapso complemente sus indagatorias contra el imputado por delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que la próxima audiencia será el 31 de julio. Durante la audiencia intermedia que se llevó a cabo ayer en juzgados del reclusorio Norte, y con la presencia de Duarte de Ochoa, el juez negó a la PGR solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores diversos informes financieros que tenían como fin ser utilizados como pruebas contra Duarte de Ochoa. El juez recordó a ambas partes, que no será necesario agotar los seis meses de plazo que otorgó a las partes para la investigación complementaria, ya que en el momento que la defensa considere que obtuvo suficientes datos de prueba para intentar demostrar la inocencia de su cliente, en ese momento concluye la ampliación también para la PGR.

Vinculan a proceso a Javier Nava, cómplice de Javier Duarte

Un juez ordenó vincular a proceso a Javier Nava Soria, presunto cómplice del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, como sospechoso de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la Procuraduría General de la República (PGR). La PGR indicó que obtuvo de un juez con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de Ciudad de México «el auto de vinculación a proceso en contra de Javier ‘N’ por su probable participación en la comisión» de los delitos señalados. El juzgador consideró que el Ministerio Público federal aportó los datos de prueba suficientes para lograr la vinculación a proceso y fijó un plazo de seis meses para concluir la investigación, al tiempo que confirmó la prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).  Nava ha sido señalado como cómplice de la red de corrupción del gobernador Duarte (2010-2016), actualmente preso y bajo proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, y como presunto responsable de desviar recursos públicos por 45 mil millones de pesos

México.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó este domingo que fueron vinculados a proceso dos agentes del Ministerio Público que se negaron a investigar desvíos de recursos federales que ascienden a 4 mil millones de pesos. Wsos recursos federales fueron entregados al gobierno de Veracruz, durante los ejercicios fiscales de 2008 a 2011, que corresponden a las administraciones de Fidel Herrera (2004-2010)  y Javier Duarte (2010-2016). “La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Visitaduría General, obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de dos agentes del Ministerio Públicos de la Federación, por su probable participación en el delito contra la administración de justicia, previsto en el artículo 225, fracción I del Código Penal Federal”, indicó la PGR en su comunicado este domingo, sin dar los nombres de los involucrados. “De acuerdo a la indagatoria, se les imputa por abstenerse injustificadamente de conocer de asuntos de su competencia y remitir al fuero común diversas denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por el probable desvío de recursos federales, que ascienden a más de cuatro mil 768 millones de pesos entregados al Gobierno de Veracruz, durante los ejercicios fiscales que van de 2008 a 2011″, agregó.

Fidel Herrera y Javier Duarte desviaron 85 de cada 100 pesos: ASF

Con Fidel Herrera y Javier Duarte se desviaron 85 de cada 100 pesos, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Refiere la ASF que hasta diciembre del 2016 tanto Fidel Herrera como Javier Duarte contrataron un total de 52 mil 682 mdp por concepto de créditos, algunos de los cuales se ingresaron a las cuentas bancarias pero no se sabe en qué se invirtieron. Según la ASF, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no manejó correctamente los fondos entregados a través de créditos de la banca privada y la de desarrollo que se tenían que invertir en acciones productivas o infraestructura estatal. A pesar de que reconocen que no pueden hacer recomendaciones para resarcir el daño a las arcas estatales, se pide a la Contraloría General y al propio Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), iniciar acciones legales para recuperar los fondos desviados.