COLUMNAS POLÍTICAS / Miércoles 21 de noviembre del 2018

***LÍNEA CALIENTE***

¡PGR, lista para proceder! Analiza el Congreso retirar la invitación al gobernador Yunes para que comparezca…

Por: Edgar Hernández.- “¡Ya está en manos de la justicia!”, coincide la mayoría legislativa. Fuentes de la PGR informan que este martes entregarán al Congreso de la Unión el estado de la investigación que se guarda en contra del gobernador Miguel Angel Yunes, su familia, así como los presuntos socios financieros Olga del Carmen Muñoz Brunet y Manuel Muñoz Ganem, por “enriquecimiento ilícito y lavado de dinero” La instancia federal, en atención al llamado de la Cámara de Diputados, para que informara el status jurídico de las tres carpetas de investigación contra Yunes antes de 10 días hábiles a partir del martes 6 del presente, se declaró lista para dará a conocer el avance en las indagaciones.

Las carpetas de investigación, según la diputación federal mayoritaria, “llevan ya varios años” tras confirmar que “son tres que se abrieron previo a que tomara posesión” el hoy gobernador saliente. La primera fue en mayo del 2013 y ya para 2016 se registraron dos nuevas denuncias. La inicial es por lavado de dinero y la segunda y tercera por delincuencia organizada y desvío de dinero del ISSSTE de acuerdo al informe presentado ante la PGR por la Auditoría Superior de la Federación. Pendiente, además el tema de la pederastia. En la “Carpeta Azul” incriminatoria contra Yunes Linares – entregada el 29 de abril del año pasado a la PGR por el hoy Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador- presenta en 146 páginas, testimonios contundentes sobre la riqueza familiar cuya fortuna, según se estima es superior a los tres mil millones de pesos. 2 Se reseñan al detalle las propiedades que poseen en Estados Unidos, en la ciudad de México y en Veracruz con un valor superior a los 213 millones de pesos en inmuebles, bodegas, terrenos, despachos, locales comerciales y gasolineras, así como departamentos en Florida y Nueva York.

A la lista se suman los ranchos “Santa Gertrudis” en Tres Valles y “La Férmina”, en Tierra Blanca, el Yate Tiara Sovran “Ulúa”, la empresa de bienes “Criztal” y otra de seguros “Seguritex”, así como residencias en Coyoacán, México; terrenos en Xalapa, Cancún y Costa de Oro. Toda una danza de billetes cierra el círculo con un resumen de la Auditoria Superior de la Federación que consigna irregularidades en el ISSSTE bajo el mando de Yunes Linares al provocarle daños patrimoniales a la institución por 300 millones de pesos, así como un déficit en el fondo de operaciones por 9 mil 925 millones de pesos. La clave en los presuntos desvíos estuvo en “Turissste” y la compra de medicamentos. En octubre de 2013 la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos reveló que la empresa “Striker”, líder en tecnología médica pagó 13 millones de dólares “a funcionarios del ISSSTE durante la administración de Miguel Angel Yunes Linares”. Otro tema del cual se hablará en los siguientes días y fijará postura la PGR, será en torno a la fuga de “El Chapo” en la cual el actual secretario de educación del gobierno saliente, Enrique Pérez, está inmiscuido. Se habla de 10 millones de dólares por permitir la fuga.

Los negocios de familia. Omar Yunes Márquez está señalado en las carpetas de investigación. Aparece como propietario de 4 empresas localizadas en Oviedo, España bajo la denominación social Vault Investment, Sociedad Limitada; Nero Investment; Feles Investmen y Maximilian Investment. Además tiene negocios financieros en Nueva York; está en sociedad con Vargos, Houston, propietarios de 282 departamentos en renta y 13 casas (cada departamento valuado en 3 millones de 3 dólares) y audios hechos públicos en 2016, revelan compran multimillonarias en dólares entre Omar y su padre a través de empresas fachada. Antes, en 2013, Omar adquirió en solo cuatro años propiedades y terrenos en Polanco, una de las zonas más caras de la ciudad de México, por un valor aproximado de 60.1 millones de pesos, siempre cuidando la operación financiera a través de sociedades temporales que eran disueltas en días u horas después de haberse realizado la transacción. En paralelo se mueve el tema “Panama Papers”. En una revelación internacional se da cuenta que Omar Yunes tiene inversiones en propiedades que alcanzan los 86 millones de pesos. Miguel Angel Yunes Márquez también es un foco de atención jurídica de la PGR.

El 7 de octubre del 2016 la Fiscalía General del Estado, a cargo de Luis Angel Bravo Contreras, hoy preso en Pacho Viejo, entregó a la licenciada Silvia Nathalie García Ocampo, Ministerio Público Federal, adscrita a la Seido, el legajo de la “Investigación Ministerial FGE/FM/M/45E/2015 compuesta por mil 982 fojas útiles relativa al hecho delictuoso por “Enriquecimiento ilícito en agravio del servicio público conexo con el hecho delictuoso del orden federal de defraudación fiscal equiparada”. Por esos días el caso lo llevó la defensa encabezada por Jorge Winckler quien luego de asumir la Fiscalía siguió fungiendo como abogado de Yunes Márquez creando un conflicto de intereses.

El hijo de Yunes, quien fuera alcalde de Boca del Río y candidato perdedor a la gubernatura se le acusa además de tráfico de influencias y dejar en bancarrota al municipio que gobernó con adeudos superiores a los 100 millones de pesos. Así, en todo este entramado, la indagación de la PGR a través de la Seido, y la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, concluye que son seis los personajes que muy seguramente serán llamados a declarar: Miguel Angel Yunes Linares, Leticia Isabel Márquez Mora, Miguel Angel Yunes Márquez, Omar Yunes Márquez, Olga del Carmen Muñoz Brunet y Manuel Muñoz Ganem. 4 Algo fuerte se cocina en México. Yunes tendrá que conseguirse un buen abogado que seguramente no será Jorge Winckler. Solo le quedan 10 días de vida. Tiempo al tiempo.

***AL PIE DE LA LETRA***

NOSTÁLGICO DEL PODER

Por: Raymundo Jiménez.- Al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares todavía le faltan nueve días para que concluya su mini administración, pero el mandatario panista ya comenzó a manifestar anticipadamente su nostalgia por el poder. Así, al menos, lo ha dejado sentir en los anuncios espectaculares que con recursos públicos mandó a hacer con motivo de su segundo y último informe de gobierno, en uno de los cuales promociona que “en sólo dos años modernizamos el boulevard de Boca del Río a Veracruz”, una obra inconclusa que no la destacan ya que únicamente sobresale la imagen del mar como fondo y la figura recortada del gobernante corriendo acompañado de sus hijos Miguel Ángel y Fernando, los dos que como él también están dedicados a la política.

Pero el domingo pasado se aseguró un escenario muy complaciente, pues en la inauguración del puente vehicular Ojite, en la zona norte del estado, no sólo fue “destapado” por un lugareño como prospecto a la Presidencia de la República sino que, en su honor, las agradecidas autoridades municipales decidieron ponerle su nombre a esta obra de infraestructura financiada también con recursos públicos. El alcalde de Álamo-Temapache, Jorge Vera, obviamente del PAN, dijo en su discurso durante la ceremonia inaugural que por decisión del Cabildo se había determinado ponerle el nombre del gobernador de su partido a este puente que comunica al municipio de Álamo con el de Tuxpan. Por su parte, el alcalde vecino Juan Antonio Aguilar Mancha apoyó la idea de su homólogo y correligionario. El munícipe tuxpeño es primo de José de Jesús Mancha Alarcón, quien con todo el apoyo de Yunes Linares acaba de reelegirse como presidente del CDE del PAN, proceso interno que ha sido impugnado por el hombre fuerte de Tantoyuca, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, ex secretario de Desarrollo Agropecuario. 5 Al término del evento inaugural los reporteros, incrédulos, le preguntaron al gobernador si en verdad se le pondría su nombre al puente, a lo que Yunes Linares, sonriente, respondió: “Lo que decidan los habitantes, yo no le puse nombre”. A diferencia de la reacción irascible que había mostrado tres días atrás en el Congreso local –cuando tachó de ignorante y mentiroso a un reportero que le preguntó si metería las manos por sus colaboradores y que si acaso se habían dado acuerdos bajo la mesa con los ex funcionarios duartistas corruptos que no han sido perseguidos penalmente por la Fiscalía General del Estado–, en esta ocasión, por supuesto, el mandatario estatal del PAN no agredió verbalmente a los periodistas.

A la que en cambio sí le leyó la cartilla fue a la alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga, pues en el acto de inauguración de la carretera estatal que conecta a ese municipio con el puerto de Tuxpan, Yunes hizo un exhorto general a los pobladores y alcaldes veracruzanos para que no tomen ni bloqueen carreteras en lo que resta de su gobierno, pues les advirtió que “los voy a desalojar”. Pero la advertencia fue específicamente para la alcaldesa Medellín Careaga, quien un día antes había encabezado el bloqueo de la autopista Tuxpan-Tampico. Y es que por segunda ocasión en el año, la munícipe, que no es militante del PAN sino del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha tenido que recurrir a esta desesperada acción para que la empresa Mota-Engil, concesionaria de la autopista, cumpla con los acuerdos a los que se comprometió con el municipio de Tamiahua. “Yo quiero pedirle a todos ustedes y muy particularmente a todos los alcaldes, que no bloqueen carreteras. En Veracruz hemos hecho algo estos dos años y así lo seguiré haciendo hasta el día 30 de noviembre: no hemos permitido bloqueos”, dijo Yunes, quien amagó: “Lo digo con toda claridad: si me vuelven a bloquear la carretera, la voy a desalojar, y voy a sancionar a los responsables. No al bloqueo de carreteras en Veracruz, que quede perfectamente claro. Eso no puede ser”.

Por su parte, la alcaldesa declaró a los reporteros que respeta la postura del gobernador pero dijo que en su caso “se vio obligada”, pues expuso que los trabajos de la autopista Tuxpan-Tampico están por concluirse y que la concesionaria podría irse sin cumplir los compromisos pactados.

¿La amenaza de Yunes para que no vuelvan a bloquear esta supercarretera como medida de presión será porque está concesionada al conglomerado portugués-mexicano Mota-Engil, uno de cuyos accionistas principales es el influyente empresario José Miguel Bejos, dueño del Grupo Prodi, amigo muy cercano del presidente Enrique Peña Nieto, y el cual fue muy favorecido también por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, del PAN, y hasta por el ex gobernador priista Javier Duarte de Ochoa?

***PROSA APRISA***

Huele a gato encerrado

Por: Arturo Reyes Isidoro.- Caray, de pronto ayer se volvió noticia el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez. Más de cinco meses después de que asumió el cargo, una nota fechada en Xalapa y atribuida a “Agencias” descubrió que un despacho suyo contable “maquilló” cifras de “al menos” tres “dependencias claves” del gobierno duartista. En la nota se da cuenta que la fuente de la información es el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz, y en efecto se dan detalles de señalamientos que se le hacen.

Se entendería que reporteros de las “Agencias” informativas andaban a la caza de Vázquez Jiménez hasta que dieron con los “documentos oficiales” del Órgano de Fiscalización. Así, el despacho de Contadores y Abogados Corporativos S. A. de C. V. participó en la revisión de la Cuenta Pública 2015 con una auditoría financiera por la que cobró 280 mil pesos (no se dice si el despacho incurrió en anomalías).

Por otros 70 mil 600 pesos participó en la revisión financiera del Fideicomiso No. 1986, constituido para la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz, “obra que presentó un sinnúmero de irregularidades y que sólo pudo ser concluida con el cambio de administración”. Y en 2014 su despacho fue contratado por la Contraloría General del Estado para que auditara los programas FAM 2010 y 2011, así como el FAIS 2011, “sin embargo, a pesar de haber cobrado por 12 esos trabajos nunca presentó los resultados de la revisión” (no se dice cuánto cobró). Con un añadido más: la nota recuerda que el investigador de la Universidad Veracruzana Víctor Manuel Andrade acusó que ese despacho incurrió en irregularidades durante la adjudicación de un contrato de auditoría a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) en la cuenta pública 2017. “Hecho que podría derivar en daño patrimonial para ese organismo, por lo que solicitó que Vázquez Jiménez se separara del cargo”.

Si es cierta la información y si el presidente del Comité de Participación Ciudadana es responsable de alguna irregularidad o de algún ilícito, extraña que cuando asumió la administración nadie del gobierno yunista haya detectado alguna anomalía y haya hecho la denuncia correspondiente. La denuncia alcanzaría forzosamente al Contralor General del Estado en 2014 Ricardo García Guzmán así como al actual titular del Orfis Lorenzo Antonio Portilla Vásquez (designado para el cargo por la LXII Legislatura para el periodo 2012-2019), al menos por omisión por haber permitido el presunto “maquillaje” y no haberlo denunciado o actuado en consecuencia. Sergio Vázquez Jiménez debe ser investigado y si resulta responsable de alguna irregularidad o de algún ilícito, no solo debe renunciar a su actual cargo sino que también debe ser denunciado. Toma en serio su papel y denuncia también Pero pienso que independientemente de alguna responsabilidad que pudiera resultarle, eso no impide que se investiguen las diversas denuncias que ha venido haciendo en contra de la administración estatal y de diputados de la LXIV Legislatura. En “Prosa aprisa” del 29 de agosto pasado comenté que al acto en que rindieron protesta los integrantes del Comité que preside Vázquez Jiménez el 14 de junio en el Museo de Antropología, los miembros del Comité Coordinador, representantes de los órganos de gobierno, recibieron la instrucción del Palacio de Gobierno de no asistir.

La razón fue porque ese organismo se integró y se constituyó legalmente al margen del Gobierno estatal cuando las actuales autoridades estaban ocupadas y entretenidas en imponer al Fiscal Anticorrupción y a doce magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Ciudadanos y organizaciones de ciudadanos fueron los 13 que decidieron. No eran incondicionales del yunismo, tanto que de hecho su primer pronunciamiento fue en contra de la imposición del ahora Fiscal Anticorrupción que responde a los intereses de la administración que ya se va. Como respuesta, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares emitió un decreto por el que se creó el Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 2016-2018, un organismo alterno presuntamente ciudadano pero controlado por la Contraloría General del Estado. Pero los del Comité de Sergio Vázquez han tomado su papel muy en serio, tanto que el pasado 24 de octubre, al convocar a su tercera sesión ordinaria, denunciaron que personal de la Contraloría General del Estado estaba extorsionando a funcionarios estatales, o sea yunistas a yunistas, exigiendo dádivas para evitar que los inhabilitaran por procesos administrativos que les seguían. El presidente del organismo dijo que cuatro personas se habían quejado que les pedían un automóvil o hasta 250 mil pesos. Ese día la sesión fue cancelada al final porque no se presentaron los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, todos funcionarios vinculados al yunismo, a los que amenazó con denunciar por su incumplimiento.

Pero eso no impidió que se presentara una denuncia ante la propia Contraloría, cuyo titular Ramón Figuerola Piñera respondió que ya se había abierto una investigación, de la que no se sabe nada en concreto. Luego, el 14 de noviembre el Comité presentó la aplicación “¿Qué quieres qué los diputados pregunten en las comparencias?, mediante en el cual los ciudadanos pueden realizar preguntas para que los legisladores locales las hagan a su vez a los funcionarios que están compareciendo. Acaba con la tolerancia y la paciencia oficial Lo que al parecer acabó con la tolerancia y la paciencia oficial fue que el martes 6 de noviembre Vázquez Jiménez solicitó a la Contraloría Interna del Poder Legislativo que abriera una investigación y sancionara administrativa y/o penalmente a los exdiputados de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXIV Legislatura responsables de un presunto acto de corrupción.

También pidió anular el Decreto 784 de dicha Comisión mediante el cual absolvieron a al menos 43 exalcaldes (podrían ser 64) del 14 desvío de recursos por un monto de 325 millones 797 mil 801 pesos con 41 centavos, facultad que, afirma, correspondía solo al Orfis. Quizá previendo el problema que se venía, el 7 de noviembre el propio titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, se deslindó de cualquier situación o irregularidad que se pudiera generar luego de que había entregado los informes de resultados de fiscalización a las Cuentas Públicas del ejercicio 2017. El caso es que ayer Sergio Vázquez “reconoció” que la LXV Legislatura le haya dado entrada a su denuncia para revocar el dictamen que aprueba la Cuenta Pública 2017. No solo eso. Solicitó que se investigue por qué razón los diputados que integraron la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura “borraron” 327 millones de pesos de las observaciones hechas por el Orfis a la Cuenta Pública 2017.

“¿A quién favorecieron y qué recibieron a cambio para haber actuado de esa manera?”, preguntó y pidió que se sancione a estos diputados, “con el desafuero de ser necesario, con la finalidad de dar claridad y transparencia a la revisión de la Cuenta Pública del año pasado”. Exigió además que en tanto no se aclare el tema de la cuenta pública 2017, el diputado Juan Manuel Unanue se separe de la Comisión de Vigilancia de la LXV Legislatura y ponga a la vista las 60 cajas “que dijo son el soporte de la solventación que hicieron, así como las minutas que firmaron en las reuniones que sostuvieron para avalar la cuenta pública 2017”. “Es necesario que no quede impune la actuación de los diputados de la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura, remató. Digo líneas anteriores que Sergio Vázquez debe ser investigado, pero se deben investigar también sus acusaciones. Los veracruzanos queremos transparencia y cuentas claras. Se trata de nuestro dinero, de lo que pagamos en impuestos. Por lo pronto se debe comprar un buen paraguas y un buen abrigo porque de que le va a llover lodo, le va a caer un tsunami encima. Amenaza muchos intereses. Pisó un callo. ¡Ouch! ¡Y Morgado se fue del PRI! ¡Recórcholis! ¡Y que renuncia Gonzalo Morgado al PRI!

Yo creí que primero vería cumplirse la referencia de Marcos (10:25) de que primero vería un camello pasar por el ojo de una aguja antes que él renunciara al que fue el partido de toda su vida o durante 45 años. En carta con su firma se lo notificó ayer a Américo Zúñiga, presidente del CDE tricolor, a quien le aclaró que tomó su decisión cuando no hay proceso electoral “para evitar interpretaciones equivocadas”.

Trascendió que Américo casi se cayó de su silla. ¿El motivo? Lo impulsó un “entusiasmo” por participar “junto con un gran equipo de políticos veracruzanos de varios partidos políticos” en un nuevo partido estatal (se llamará Podemos, nombre copiado de uno de izquierda que hay en España fundado el 11 de marzo de 2014) desde el que buscarán hacer política “para un Veracruz mejor”. Se sabe que aparte de políticos de otros partidos, varios hasta ahora “exdistinguidos priistas” se irán a Podemos.

Ya le ganaron el brinco a Héctor Yunes que pretende hacer de “Alianza Generacional” un partido también. Igual se sabe que no lo apoyarán en su nuevo intento de buscar la gubernatura. ¡Ah!, lo que ha provocado Morena.